El avance a nivel mundial de las amenazas de ciberseguridad, tanto en cantidad como en sofisticación, obligan a mantenerse en constante alerta y desarrollar estrategias público-privadas que prevengan estos riesgos, como lo es la nueva Ley de Ciberseguridad
Para nadie es un misterio el crecimiento de las ciber amenazas, para poner en contexto, América Latina y el Caribe sufrieron más de 360 mil millones de intentos de ciberataques en 2022, según el informe semestral del panorama global de amenazas de FordGuards Labs, de los cuales Chile recibió 14 mil millones de intentos, un crecimiento del 50% frente a 2021 y -según indica la Encuesta de ciberseguridad realizada por el Centro de Estudios Tecnológicos de la Información de la Universidad Católica- los incidentes de este tipo se incrementaron en promedio un 31,6% durante el año pasado.
En Chile, a razón de lo anterior, se tomó la iniciativa de crear la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura crítica. Esta ley traerá consigo varios cambios, se definirá cuáles serán los estándares de protección para la infraestructura crítica y para los servicios esenciales, como para los operadores que tienen funciones vitales, y dicho estándares serán validados a través de instituciones certificadas especialmente para cumplir esa tarea.
Asimismo, la ley considera obligaciones para las empresas privadas de ocuparse de los incidentes de ciberseguridad, y de informar cuanto antes a la ANCI (Agencia Nacional de Ciberseguridad) sobre cualquier incidente serio. Esto permitirá crear mejores instancias de coordinación público-privadas, lo que permitiría combatir y solucionar incidentes de seguridad más rápidamente, reduciendo los efectos de estos incidentes para la ciudadanía.
Con esta ley marco, se espera instaurar mecanismos para que tanto los organismos públicos como las empresas privadas puedan contar siempre con los más actualizados estándares de seguridad, campañas de concientización para los usuarios, y los equipos necesarios para evitar y responder ante incidentes de ciberseguridad.
En la siguiente publicación, hablaremos sobre los desafíos que enfrentarán las empresas privadas con estos cambios en la legislación chilena.